Nacional.– El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó de forma categórica las versiones que lo señalan como posible testigo cooperante en Estados Unidos, en medio de la acusación en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el legislador respondió directamente a información publicada por el diario El Universal, calificándola como “falso de toda falsedad”.

Horas antes, el propio senador había negado los señalamientos emitidos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se le vincula con la facción de “Los Chapitos” como supuesto intermediario entre el grupo criminal y funcionarios estatales.

“Rechazo con toda firmeza las calumnias… refutaré absolutamente todas las falsedades”, expresó, al tiempo que aseguró que, de ser requerido, acudirá ante autoridades mexicanas.

El caso forma parte de una acusación más amplia presentada en Estados Unidos, donde también figura el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros funcionarios y exfuncionarios.

De acuerdo con el documento judicial, se describe un presunto esquema de corrupción en el que integrantes del gobierno habrían sido incorporados a una “narconómina” operada por el grupo criminal, con pagos periódicos en efectivo y participación en decisiones clave dentro de instituciones de seguridad.

Entre los señalamientos, se menciona que Inzunza habría fungido como enlace entre líderes del cártel y el gobierno estatal, facilitando comunicación y posibles acuerdos.

Tras la difusión del caso, Rocha Moya solicitó licencia al cargo, mientras que otros funcionarios involucrados también se separaron temporalmente de sus funciones.

En paralelo, reportes periodísticos indicaron que la figura de “testigo cooperante” podría abrir la puerta a acuerdos con autoridades estadounidenses, lo que fue rechazado por el senador.

Las acusaciones incluyen delitos como conspiración para tráfico de narcóticos, posesión de armamento de alto poder y participación en estructuras criminales, cargos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de ser comprobados.

El caso continúa en desarrollo tanto en México como en Estados Unidos, elevando la tensión política y jurídica en torno a uno de los escándalos más delicados de los últimos años.